El pasado 27 de Junio del 2009 nacía oficialmente el nuevo Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, en sus siglas FROB, tras su aprobación por el Gobierno. Se trata por tanto del anunciado plan de rescate bancario español.

El FROB consta de un capital de 9.000 millones de euros, de los cuales el 75% es aportado por los Presupuestos Generales del Estado y el resto por el Fondo de Garantía de Depósitos.  Podrá obtener financiación adicional en diversas etapas en los mercados financieros por otros 90.000 millones de euros gracias al aval del Estado.

Las entidades que no encuentran un compañero de viaje con el que fusionarse y ven peligrar su viabilidad acuden normalmente al Banco de España, donde presentan su plan estratégico para abandonar dicha situación. Si es viable dicho plan el Fondo de Garantía de Depósitos apoyaría financieramente a esa entidad.

Pero puede no ser considerado viable el plan presentado, y es ahí donde entra en juego el nuevo FROB, que sustituiría al equipo gestor de la entidad con uno nuevo formado por 5 miembros del BdE y 3 del Fondo de Garantía de Depósitos, todos designados por el Ministerio de Economía, para la presentación de un nuevo plan. En el desarrollo de este nuevo plan el FROB apoyará financieramente a la entidad, pudiendo obtener participaciones accionariales, cuotas participativas, preferentes, etc en ella. El plan presentado por el FROB tendrá el objetivo principal de fusionar la entidad o traspasar sus activos, es decir, transferir los depósitos y cuentas de los clientes a otra entidad.

El FROB se trata por tanto de un plan destinado principalmente a las Cajas de Ahorros, las entidades más afectadas por la crisis financiera actual teniendo en cuenta la tasa de morosidad (5,05% en vez del 3,85% de la banca).

Se trata a mi entender de un movimiento que evitará la necesaria despolitización de las Cajas de Ahorros a pesar de que la ministra hable de la idea de soluciones privadas para estas cajas. La realidad es bien distinta, la falta de mecanismos de participación en las decisiones de las entidades intervenidas dificulta que entidades privadas aporten dinero que será manejado por los mismos que han creado esta situación.

La clase política acelerará en sus procesos de fusión y consolidación de Cajas de Ahorros afines y controladas para evitar “matrimonios” extra comunitarios. Ya se hablan de movimientos en Castilla y León, Andalucía y Cataluña.